El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia que marca un precedente en la protección de la salud pública y la seguridad alimentaria en el Perú. Esta decisión ordena la suspensión temporal de cinco plaguicidas ampliamente usados en la agricultura local y reconoce un estado de cosas inconstitucional por fallas estructurales en el control de residuos de pesticidas en alimentos vegetales para consumo interno.
Suspensión temporal de plaguicidas y orden al Senasa
Como medida precautoria, el TC dispuso que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) suspenda de manera temporal la venta, distribución y uso de productos fitosanitarios que contengan los ingredientes activos Clorpirifos, Metomil, Glifosato, Imidacloprid y Clothianidin. Esta restricción aplica cuando los productos están destinados a la producción de alimentos vegetales para el mercado interno peruano.
De acuerdo con representantes de la pequeña agricultura, estos plaguicidas —especialmente el Clorpirifos— son de uso generalizado, ya que ayudan a controlar las malezas y plagas en diversos cultivos. Sin embargo, los mismos productores han manifestado su respaldo a la medida, priorizando la protección sanitaria y la salud de los consumidores peruanos.
La sentencia subraya que las deficiencias en la vigilancia sanitaria afectan derechos fundamentales como la vida, la salud, un ambiente equilibrado, la protección al consumidor y el acceso a alimentos inocuos. La decisión del TC se basa en el principio precautorio, permitiendo la adopción de medidas preventivas ante indicios de riesgo, incluso si no existe certeza científica absoluta sobre el daño potencial.
Declaración de estado de cosas inconstitucional y falencias estructurales
Un punto central de la sentencia es la declaración de un estado de cosas inconstitucional, motivado por la insuficiente coordinación entre el Senasa, los gobiernos regionales y las municipalidades. Esta situación dificulta un control efectivo sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos que llegan a las mesas de los peruanos.
El TC advierte que estas fallas estructurales representan un riesgo constante para la salud pública y requieren una respuesta institucional integral. La sentencia señala que existe un doble estándar en la calidad de los alimentos: mientras los productos de exportación cumplen estrictos controles, los alimentos destinados al consumo local presentan mayores riesgos sanitarios.
El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, por ejemplo, ha subrayado que “existe un doble estándar inaceptable: a los peruanos nos venden lo peor, lo insalubre, lo tóxico; mientras que al extranjero lo mejor, lo inocuo, lo saludable”. Esta observación refuerza la urgencia de fortalecer la fiscalización y protección de los consumidores nacionales.
Reevaluación científica y refuerzo del sistema de vigilancia
La sentencia ordena al Senasa realizar una reevaluación científica reforzada de los cinco ingredientes activos cuestionados, basada en evidencia técnica actualizada y en los estándares internacionales aplicables. El objetivo es garantizar que las decisiones sobre el uso de plaguicidas se fundamenten en criterios rigurosos y actuales.
Asimismo, el TC dispone reforzar el sistema nacional de vigilancia sanitaria, incluyendo mecanismos para mejorar la trazabilidad de los alimentos, fortalecer el monitoreo de residuos de plaguicidas, inmovilizar y retirar productos que representen riesgos para la salud y revisar los límites máximos de residuos permitidos cuando corresponda.
Estas medidas buscan crear una estructura de control más eficiente, capaz de responder ante eventuales contaminaciones y proteger de manera efectiva la salud de la población. El enfoque integral propuesto apunta a cerrar las brechas identificadas en la fiscalización y en la respuesta sanitaria ante problemas de inocuidad alimentaria.
Residuos de plaguicidas en alimentos: hallazgos y riesgos
El TC sustentó parte de su decisión en información de monitoreos oficiales y ciudadanos sobre residuos de plaguicidas en alimentos comercializados en el país. Entre los productos más afectados figuran el tomate, pimiento, ají amarillo, apio, cebollita china y betarraga, que han presentado elevados porcentajes de muestras con niveles superiores a los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos.
Destaca especialmente el caso del tomate, que en monitoreos recientes alcanzó un 77,4% de muestras no conformes, mientras que en otros productos como pimiento y betarraga, ninguna de las muestras analizadas cumplía con los estándares de inocuidad establecidos. Incluso, se ha detectado la presencia de sustancias prohibidas en algunas muestras.
Estos resultados evidencian una significativa brecha en el cumplimiento de la normativa sanitaria y refuerzan la necesidad de reforzar la fiscalización y la protección de la salud pública. El TC enfatiza que la situación justifica la aplicación de medidas urgentes y preventivas para evitar daños irreparables.
La sentencia del Tribunal Constitucional representa un paso importante en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la protección de la salud en el Perú. Al ordenar la suspensión de plaguicidas y exigir una reforma estructural en la vigilancia sanitaria, se busca garantizar que los alimentos que consumen los peruanos sean seguros e inocuos, reduciendo los riesgos asociados al uso de pesticidas en la agricultura.
